En un mundo donde la violación a los derechos del niño se agudiza, Estados
Unidos no es la excepción. Hoy por hoy, el niño sigue sin ser un verdadero sujeto
de derecho plenamente protegido, operando muchas veces como un simple objeto
de derecho atrapado entre la burocracia y el aislamiento familiar.

Por: Pablo Tellechea

La pobreza tiene cara de Madre. Erradicarla significa para un gobierno no solo proveer, sino también enseñar a los menos afortunados a abastecerse por sí mismos. El hambre, el abuso y la marginación en estos grupos hacen difícil y enlentecen el trabajo. Una joven madre en tales áreas, sin pareja estable, sin educación y soporte social, catapulta diez años adelante su pobreza. Al respecto, en Julio de 2022 la UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) señalaba que cuando una niña detiene su educación por maternidad temprana, pierde su capacidad de generación de ingresos futuros. Las mujeres que fueron madres en la adolescencia registran ingresos significativamente menores a lo largo de su vida productiva, perpetuando el ciclo de la pobreza.

El abuso emocional, físico y sexual que muchas de estas jovencitas sufren en su niñez, en nombre de la secreta violencia familiar, condicionan su estabilidad emocional y socio-relacional. Al respecto, los estudios de salud pública en Estados Unidos a largo plazo publicado en julio de 2011 en el Journal of Adolescent Health arrojo un patrón alarmante: las adolescentes con antecedentes combinados de pobreza y reportes de abuso o negligencia infantil tienen un 66% más de riesgo de quedar embarazadas antes de los 17 años en comparación con aquellas que solo enfrentan pobreza material pero viven en entornos familiares seguros. A menudo, la única vía de que sientan aprobación y consideración por su círculo social es convirtiéndose en madre, y aunque su reloj natural indique su madurez, esto por lo contrario, para una sociedad saludable, es un golpe bajo cuyo precio a pagar es elevado.

La violencia familiar va más allá de un moretón, un ojo morado o una llamada a emergencias, que aunque no dejan de ser serias y críticas, la violencia familiar es más aún que tales: es asunto de comunidades, es tema de sociedades, de la política, de la administración de la salud, de la religión y de un maestro en un aula. Su accionar es como la humedad, lenta y silenciosa, y su tarjeta de presentación es variada: desde el estrés, la decadencia social y el modernismo, hasta pasar por crisis financieras y fondos buitre si se quiere.

Que se entienda en todo sentido y ámbito, que a la hora de idear un plan político, que al momento de asignar el presupuesto económico y de ministrar un sacramento, que a la hora de dar estos pasos es imperante dar prioridad a ese ser que hace a la sociedad, y que no es un número ni un expediente o archivo, sino más bien un individuo con derechos. Pero que se vuelve impotente con estas responsabilidades de no poder ejercerlas sin que primero goce de sus derechos. El derecho a la vida, a ser tratado con dignidad e igualdad, a vivir en un seno familiar con respeto y amor son la antesala de toda libertad social y emocional, el trampolín para toda inserción básica y activa.

Sin embargo, cuando el seno familiar se deteriora por el abuso y la negligencia, el propio sistema legal a veces se convierte en un cómplice involuntario debido a sus propios vacíos. Esta realidad se ha vuelto cada vez más aguda: la violación a los derechos del niño en el mundo es una constante y Estados Unidos no es la excepción. El gran problema de fondo es que, hoy por hoy, en la práctica y ante la ley, el niño muchas veces no es tratado como un verdadero sujeto de derecho con voz, autonomía y protección garantizada, sino más bien como un objeto de derecho, una propiedad de la estructura familiar o un expediente bajo la tutela del Estado sobre el cual se decide tarde y mal.

Recientemente en la pasada sesión legislativa del estado de Utah el fallido intento de aprobar la S.B. 124 (Child Welfare Modifications), conocida popularmente como "La Ley Gavin Peterson".

Esta propuesta de ley, impulsada por la senadora estatal democrata Luz Escamilla, nació de una tragedia evitable: la muerte de Gavin Peterson, un niño de apenas 12años en West Haven, que falleció tras sufrir años de desnutrición severa, aislamiento y abuso físico por parte de su propia familia. Lo más indignante de este caso es que el sistema sabía que algo andaba mal; existían múltiples reportes y alertas. No obstante, las leyes vigentes ataron de manos a los trabajadores de la División de Servicios para la Infancia y la Familia (DCFS). Si los padres se negaban a abrir la puerta, el aislamiento familiar se convertía en un escudo impenetrable. El estado carecía de la facultad legal para verificar, con sus propios ojos, si el niño seguía a salvo, reduciendo al menor a ese papel de objeto pasivo del entorno.

La S.B. 124 buscaba crear una "orden de investigación judicial", una herramienta para empoderar más al estado y permitir a las autoridades y trabajadores sociales entrar a un hogar con el único fin de ver al menor cuando existieran sospechas e indicios fundados de abuso y negligencia. No era una orden para quitarle los hijos a la familia, sino un mecanismo de protección para evitar que los niños desaparezcan detrás de puertas cerradas. El hecho de que este intento de ley haya fracasado demuestra que las estructuras políticas y los debates sobre la privacidad familiar se siguen anteponiendo al derecho sagrado de los niños a ser protegidos, perpetuando su condición de vulnerabilidad.

A todos nos compete tal responsabilidad y no intentemos el atajo. No esperemos amor del Estado, porque no es su papel darlo. El AMOR debe venir de donde se espera que venga, LA FAMILIA... y es cuando ésta, al no satisfacer tales necesidades, hace que la sociedad sufra y caiga. Es ahí donde la pobreza en todo su esplendor golpea la puerta, y hoy lo sigue haciendo en forma de Madre y en el aislamiento de niños a los que el sistema prefiere dejar desprotegidos.

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