Estados Unidos…nacidos y no nacidos aquí

La democracia se fortalece cuando sus ciudadanos exigen rendición de cuentas y defienden el principio de que ninguna autoridad está por encima de los derechos humanos fundamentales.
Esta misma exigencia de rendición y el recordatorio de que la soberanía política reside en el pueblo no se limita solo a quienes nacen en este país.
También le pertenece a todos los inmigrantes inocentes, muchos de los cuales se han convertido en víctimas del abuso de poder, criminalizados por su estatus o tratados como enemigos comunes en políticas que priorizan la fuerza sobre la protección de los derechos humanos.

Sin embargo, existe una parte importante de la sociedad estadounidense que apoya políticas de orden autoritarias. No es un fenómeno nuevo en la historia humana en muchos países y en distintos periodos, sectores civiles han respaldado medidas que prometen seguridad a costa de libertades fundamentales, pero su presencia hoy es significativa. En ciertos estados, tal es el caso de Utah, encuestas recientes sugieren que casi la mitad de los residentes apoyan políticas de control rígido como las administradas actualmente frente a la inmigración, mientras otro segmento se opone y una minoría permanece indecisa. Esta división refleja tensiones profundas sobre cómo se concibe la seguridad y los derechos civiles en el presente.

Al mismo tiempo, otras encuestas nacionales muestran que una proporción significativa de ciudadanos rechaza la actuación de agencias encargadas de hacer cumplir la ley migratoria e incluso apoya cambios radicales, como la abolición de esas agencias, o exige mayor transparencia y supervisión de sus operaciones, señalando un amplio cuestionamiento a enfoques estrictos de aplicación de la ley.

Pero la preocupación va más allá de acciones individuales o de agencias aisladas. En cierta medida, la Constitución ha perdido autoridad, al punto de que los distintos poderes del país han ido cediendo gradualmente parte de su autonomia e independencia al poder ejecutivo, concentrando facultades en una sola oficina y debilitando los mecanismos de equilibrio que deberían proteger los derechos fundamentales de toda la ciudadanía.

Esto hace que los abusos de poder no solo afecten casos individuales, sino que reflejen un patrón sistémico que erosiona la confianza pública y la eficacia de la ley. Cuando el Estado utiliza su monopolio de la fuerza sin supervisión efectiva, y cuando ciudadanos y residentes, sin historial criminal significativo, pierden la vida en circunstancias cuestionables, se debilita no solo la confianza en las instituciones, sino también la idea misma de comunidad y justicia.

Para que una democracia funcione de manera auténtica, ninguna persona independientemente de su origen puede ser descartada como irrelevante o menos merecedora de protección y dignidad. Este doble fenómeno apoyo a políticas autoritarias por una parte de la población y rechazo de prácticas represivas por otra no solo es un reflejo de la polarización política, sino también de una crisis más amplia de confianza en las instituciones democráticas.

Cuando la voz del pueblo de nacidos y no nacidos aquí se une para exigir responsabilidad, transparencia y respeto por la ley, se reafirma la promesa democrática de que el gobierno existe para servir a la gente, y no para someterla. En definitiva, la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no es una responsabilidad abstracta ni exclusiva de ciertos grupos, es un compromiso compartido por todos los que viven en esta sociedad.

Nunca olvidemos que la democracia exige vigilancia, participación activa y una firme convicción de que la soberanía reside en el pueblo, incluyendo a los inmigrantes y a quienes a veces son tratados como enemigos del sistema.

Y como nos advierte Ionesco…aunque siempre habrá “rinocerontes”, la resistencia consciente y la defensa de la individualidad siguen siendo esenciales para preservar la libertad.